Por agencias/ México, 25 nov.- El gobierno mexicano rechazó ayer que su política de seguridad contra el narcotráfico y el crimen organizado constituyan "un crimen internacional", en respuesta a la demanda presentada este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) por un grupo de activistas.
La secretaría de Gobernación (Interior) afirmó en un comunicado que "todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales".
Este viernes un grupo de activistas, encabezados por el abogado mexicano Netzaí Sandoval, presentaron ante la CPI una demanda contra el presidente de México, Felipe Calderón, y algunos funcionarios por "crímenes de guerra y de lesa humanidad" debido a "la gravedad de la violencia en México" por la lucha anticrimen del Gobierno.
El grupo de civiles, integrado por periodistas, académicos e intelectuales de México, entre otros, entregó al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, un dossier de más de 700 páginas, en las que se reúnen más de 470 casos de violaciones de derechos humanos contra mujeres y menores.
El Ministerio de Gobernación respondió que "es convicción del Gobierno de la República que no se actualizan los supuestos establecidos en el estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre la situación de México".
Aclaró que el Gobierno "realiza diligentemente todas las acciones necesarias para investigar, procesar, y en su caso sancionar a los responsables de cualquier conducta delictiva" que viole los derechos humanos.
El ministerio afirmó que para que puedan configurarse las figuras de "crímenes de guerra y de lesa humanidad", se requiere de la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en el país.
Aseguró que, por un lado, "el Estado mexicano no está en guerra" y, por otro, "no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de Gobierno en ese sentido".
Gobernación señaló que en México no existe "falta de voluntad ni de capacidad operativa para realizar investigaciones de cualquier índole".
El comunicado precisa que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se realiza a petición y en coordinación con estados y municipios "de manera temporal y sin sustituir a las autoridades locales en el ejercicio de sus funciones".
Insistió en que, por el contrario, el Ejército ha logrado la detención de "importantes líderes de organizaciones criminales, y desmantelando sus estructuras logísticas, financieras y administrativas".
Finalmente, aseguró que en México se desarrolla "como nunca antes" una política pública dirigida a fortalecer el estado de derecho y a respetar los derechos humanos.
Recordó que las autoridades mantienen también una política de apertura al escrutinio internacional y a la cooperación con organismos internacionales de derechos humanos.
La ola de violencia ligada al narcotráfico y al operativo federal para combatirlos en el que participan más de 50.000 militares han dejado unos 45.000 muertos en México. EFE
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