Brighitte Cuesta Sánchez atendió una llamada telefónica el mismo día en que un diario local informó en su primera plana que estaba muerta. Era su madre, que quería saber de ella, una conocida trabajadora sexual de 22 años, con extensiones rubias y provocativo pantalón negro, que conducía un Mini Cooper rojo. Las dos se encontraron, se rieron y llamaron al diario para pedirle una corrección. Esa noche, sin embargo, Brighitte desapareció.
Dos días después individuos enmascarados arrojaron su cadáver y el de otras 34 personas en un boulevard céntrico durante una hora pico en la ciudad de Veracruz. Un cártel decía que los muertos eran miembros del cártel de los Zetas, asesinados por una organización rival. El gobernador Javier Duarte dijo que la mayoría de las víctimas eran delincuentes con antecedentes. Los fiscales federales, en cambio, indicaron que unos pocos tenían antecedentes y que sus contactos con el crimen organizado eran mínimos.Casi tres meses después, ninguna de las víctimas ha sido identificada públicamente. La madre de Brighitte, por su parte, afirmó que su muerte no tenía nada que ver con el narcotráfico y que parecía más bien un secuestro cuyos autores buscaban cobrar un rescate, pues había recibido la llamada de alguien que le exigió entregar el Mini Cooper. La señora afirmó que su hija, no era zeta, y que exigia al gobierno del estado una investigación concreta y rapidamente.
Esta saga resume un poco lo que es México cinco años después de que la narcoviolencia se desatara en el país. Abundan las matanzas masivas entre cárteles que luchan por sus territorios y muchos civiles caen en medio de la violencia; la policía no puede hacer mucho por poner orden ni investigar los crímenes.
Diez días después de asumir, el 11 de diciembre del 2006, Calderón despachó 6.500 soldados a su estado, Michoacán, para combatir a los cárteles. Dijo que el gobierno tenía que actuar con determinación para enfrentar a las organizaciones delictivas. El gobierno necesitaba actuar decididamente, dijo el mandatario, para evitar que la delincuencia organizada tomara el control del país. En los cinco años siguientes movilizó a 45.000 soldados, dio grandes golpes a la conducción de al menos cinco cárteles y gastó cerca de 46.000 millones de dólares combatiendo al crimen organizado, la iniciativa interna más importante de su gestión. Pero desde entonces, ha estallado el caos en sitios otros tranquilos, incluido Veracruz. Las autoridades se enfocan en un sitio, y la violencia se traslada a otro. Cuanto los jefes de los cárteles fueron arrestados, sus organizaciones se dividieron en agrupaciones más violentas todavía que se pelean entre sí en zonas donde las autoridades locales no las enfrentan.
Tras la fragmentación de las organizaciones, han quedado dos megacárteles que hoy controlan la mayor parte del país. Y la cantidad de muertos subió de los 2.000 del 2006 a 46.000 desde entonces, según diversos conteos, con un promedio de más de 9.000 anuales.
Calderón ha dicho que su gobierno reaccionó a hechos violentos que ocurrían ya entre los cárteles, y ha negado que las acciones que emprendió hayan sido la causa de la violencia intensificada. La droga, mientras tanto, sigue fluyendo hacia Estados Unidos. Según la Oficina Nacional de Políticas de Control de las Drogas de ese país, México continúa siendo la fuente del 95% de la cocaína que ingresa al país y es el proveedor más importante de marihuana y metanfetaminas procedentes del exterior. Luego de cinco años de guerra al narcotráfico, los mexicanos conviven con otro tipo de temor. "Se preocupan cuando salen de su casa. Aproximadamente uno de cada seis conoce a alguien que ha muerto en esta lucha contra el narcotráfico", afirmó el encuestador Roy Campos. "Ya no la vemos en televisión nada más, lo hemos sentido" en carne propia.
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